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Un nuevo episodio polémico salpica a la Federación Andaluza de Padel. Esta vez, el caso, ya en los juzgados, resulta ciertamente insólito.

 

Tras cuatro años trabajando en la propia FAP, el 29 de mayo de 2015 una comunicación le notificó el fin de esta relación laboral. De pronto, Juan Pedro Gómez-Torga, hasta entonces gerente del ente federativo, se vio directamente en la calle.

 

Hasta aquí, el relato no deja de ser un suceso relativamente ordinario en multitud de entidades privadas. Sin embargo, son los detalles los que confieren a este caso un carácter inaudito. ¿Es posible que una empresa despida a un trabajador tras graves imputaciones y reconozca al mismo tiempo la improcedencia del despido? Sí. Es lo que ha hecho la FAP.

 

“El despido realizado es fruto de una estrategia de acoso que se viene repitiendo durante varios meses”, argumenta el propio Juan Pedro en la demanda judicial presentada el pasado 10 de julio y a la que ha tenido acceso esta web. En ella responsabiliza directamente de los hechos a la presidenta de la FAP, María del Mar García-Lorca y al secretario general, Federico Navarro.

 

El demandante solicita la nulidad del despido y reclama una indemnización económica por acoso laboral.

 

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María del Mar García-Lorca.

 

Graves acusaciones de la FAP para un insólito despido improcedente

 

En su escrito, para argumentar el despido, la FAP realizó gravísimas acusaciones contra Juan Pedro. En concreto, fueron tres los hechos que, en opinión del organismo, supusieron una infracción muy grave y le sirvieron para justificar el despido.

 

Fraude, deslealtad y abuso de confianza: la federación le imputa una actuación “con manifiesto abuso de confianza” al “ocultar la existencia” de tres cuentas corrientes del organismo, y al continuar operando sobre ellas “utilizando las claves del anterior presidente de la Federación” (Miguel Ángel Yoldi), hecho por el que le acusan de actuar “usurpando la identidad telemáticamente para un uso que se desconocía”.

 

Porque la propia FAP, según el escrito, afirma que la presidenta desconocía la existencia de una de estas cuentas y que la conoció “de una manera tangencial” al ver un documento bancario en la sede.

 

En las imputaciones del ente federativo hacia el ex-gerente se hace referencia al hecho de que, según la FAP, éste operaba con dichas cuentas en nombre de la federación “con absoluto desconocimiento del Secretario y de la presidenta y evidentemente sin ningún control por parte de los órganos fiscalizadores de la Federación”.

 

Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo: es otra de las acusaciones que formulan contra Juan Pedro Gómez-Torga. Le imputan “continuas y reiteradas faltas de puntualidad en la entrada y salida de su Centro de Trabajo”.

 

Asimismo, le reprochan cambios supuestamente no autorizados en su horario “con su propio criterio y decisión unilateral”, “claramente en su beneficio y perjuicio de esta Federación”.

 

Desobediencia reiterada y grave de las instrucciones realizadas por la presidenta de la Federación: en este caso, se le reclama un equipo informático de la FAP que, según el organismo, tardó dos años en justificar. Lo hizo a través de un certificado con el que pretendió acreditar que se llevó a reparar a una empresa informática y que fue reciclado.

 

Por todo ello, la FAP, en su comunicación a Juan Pedro, entiende que “existe una quiebra absoluta de la necesaria e imprescindible relación de confianza que ha de mediar en todo contrato de trabajo, y de la imposibilidad de que, en tales términos pueda persistir la relación laboral” por lo que determina la imposición de una sanción de “despido disciplinario”.

 

A este relato, sin embargo, se le añade una circunstancia difícil de explicar. Argumentado el despido sobre estas graves acusaciones, la Federación Andaluza de Padel, en el comunicado remitido al ya ex-gerente, de forma incomprensible “reconoce la improcedencia del despido” por lo que, en el mismo escrito informan a Juan Pedro de que ponen “ a su disposición la liquidación y el finiquito”.

 

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Juan Pedro Gómez-Torga, el tercero por la derecha de la imagen (con el trofeo en la mano). Foto: Facebook.

 

Juan Pedro denuncia acoso continuado y niega todos los hechos

 

Juan Pedro Gómez-Torga, en conversación con Padelazo.com, ha calificado ese reconocimiento de la improcedencia de su despido por parte de la ente federativo de “desfachatez y mala fe” así como de “ejemplo claro del autoritarismo con el que se actúa ahora en la FAP”.

 

Tras no haber acuerdo en la demanda de conciliación inicial, el afectado interpuso demanda el pasado 10 de julio en el Juzgado de lo Social de Sevilla contra la presidenta, María del Mar García-Lorca, y contra el secretario general, Federico Navarro, así como contra el propio ente federativo.En su denuncia, niega todas las imputaciones de la FAP contra su persona y reclama la nulidad de su despido y una indemnización económica por daños y perjuicios a consecuencia de lo que considera como un caso continuado de acoso laboral.

 

Origen del conflicto

 

El propio Juan Pedro Gómez-Torga reconoce a esta web que “desde su toma de posesión (de la actual presidenta) la relación (con él) no fue muy fluida, debido a su carácter autoritario y desconfiado”. Sin embargo, el deterioro de su situación se ha ido agravando. “Ha sido durante los últimos meses en los que se me ha sometido a acoso y persecución de manera intolerable. Su comportamiento no tiene explicación ni justificación alguna”.

 

El ex-gerente enmarca esta actitud en el clima de crisis que azota a la federación. “La presidenta viene teniendo problemas con miembros de la Federación, los mismos han venido solicitando documentación de la misma (por ejemplo cuentas de 2014, Actas de Asambleas, etc.) lo cual no deja de ser algo normal, pero la Presidenta se ha negado a entregar la documentación, a pesar de que, por mi parte, le informaba de que dicha entrega estaba dentro de nuestras obligaciones. Parece ser que se lo ha tomado a mal”.

 

Baja por ansiedad

 

El afectado percibe todo esto como una persecución hacia su persona que ha llegado a afectarle incluso a nivel de salud. “El viernes 13 de febrero, cuando estaba hablando con una de las secretarias, me dio un síncope y me caí al suelo. Me llevaron al médico y me diagnosticó “ataque de ansiedad profundo” a consecuencia de la situación de estress sufrida en mi puesto de trabajo”.

 

Para Juan Pedro, la causa de su achaque “fueron estas presiones, además de sufrir en mis carnes las protestas de los federados y clubes por lo mal que funcionaban las cosas”.

 

Gómez-Torga causó baja durante 15 días en su puesto de trabajo a consecuencia de este síncope y ello, según él, desencadenó acontecimientos. “Registringieron las llamadas entrantes y salientes” de su móvil; “cambiaron las llaves de acceso a la sede y nunca me dieron las nuevas”; además, “me retiraron las claves de acceso a las cuentas bancaria”; también, según denuncia, le impidieron el acceso a documentación de la FAP y le quitaron el ordenador portátil que venía utilizando”.

 

“Pienso que el motivo principal era que yo me cansara y me fuera libremente, sin tener que pagarme nada”, confiesa Juan Pedro a Padelazo.

 

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Juan Pedro Gómez-Torga, segundo por la izquierda, en una prueba de veteranos de la FAP. Foto: Facebook.

 

La FAP conocía dichas cuentas

 

Al respecto de la acusación de ocultación de las cuentas, Juan Pedro afirma que “en el momento procesal oportuno, se demostrara documentalmente la falsedad de las acusaciones”. Aunque precisa que “dichas claves fueron solicitadas y se les fueron entregadas al poco tiempo de su toma de posesión, también le comuniqué que yo no tenía facultades para hacer un cambio de autorizados de una cuenta corriente, debe ser la Presidenta con la firma del Secretario. No sé si será por dejadez o por qué pero, a 23 de septiembre del 2015, todavía no han cambiado a los autorizados de dichas cuentas”.

 

Para el ex-gerente, la afirmación de la presidenta sobre el desconocimiento de la existencia de esas cuentas “además de falsa es surrealista”. Juan Pedro explica que “era práctica habitual a la hora de pagar una factura pedir la correspondiente autorización a la presidenta, además de adjuntar a la factura el documento de la transferencia y siempre firmada por el Secretario o la Presidenta y por mí”. Asimismo, relata que en una de las cuentas que presuntamente desconocía la presidenta y el secretario, ambos “han recibido ingresos de la FAP, lógicamente con su visto bueno”.

 

Las citadas cuentas “aparecen en la auditoría externa que encargó la presidenta” y figuran también “reflejadas en todos los balances de ejercicios anteriores aprobados por la Asamblea de la que ella es miembro desde hace mucho tiempo”.

 

Niega una reducción de su rendimiento

 

En cuanto a la disminución de su rendimiento, el demandante insiste en que desde la época de José Luis Canorea “mi horario ha sido de mañana, tarde y noche, e incluso fines de semana, es decir estaba a disposición de la federación”.

 

La incorporación de un nuevo empleado, durante su baja, según Juan Pedro, motivó un cambio horario en la FAP (de 8h a 15h) “Aún a sabiendas que dicho cambio afectaría negativamente el desarrollo de la Federación y como así se lo hice saber, no me negué, sólo le dije que al ser una modificación sustancial del contrato de trabajo, me lo tenía que comunicar con arreglo a lo marcado por la Ley, algo que en ningún momento hizo”.

 

Esta imputación por parte de la FAP hacia su persona “es una manifestación carente de concreción alguna que nos produce indefensión”, tal como expone en la denuncia.

 

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Kiko Navarro, en Cto. de Andalucía por Equipos de 2012.

 

Paradero del ordenador perdido

 

A Juan Pedro le reclaman un equipo informático de la federación. Inicialmente afirmó que no sabía dónde estaba y luego tardó dos años en acreditar que estaba en reparación y que fue finalmente reciclado. “Efectivamente no sabía dónde estaba”, subraya el ex-gerente.

 

“El ordenador se estropeo en julio del 2013 y se lo llevo el técnico informático para intentar repararlo, ante su imposibilidad, se compró un portátil que fue el que utilizaba hasta que me lo quitaron. Ante la insistencia de conocer el paradero del ordenador, le solicité al técnico que me certificara lo ocurrido. En dicho certificado dice resumiendo que, como no tenía arreglo se traspasó toda la información al portátil y se procedió a su depósito en un punto limpio”.

 

Antigüedad laboral

 

En su demanda, Juan Pedro Gómez-Torga reclama un antigüedad laboral mayor de la que indica la FAP. Al parecer, durante casi dos años pudo estar trabajando para el organismo federativo sin el alta en la Seguridad Social (desde el 25 de junio de 2011 hasta el 18 de marzo de 2013). “La remuneración la recibía con una nómina como cualquier personal laboral de la federación, como así consta en los archivos de la misma”.

 

No aclara, sin embargo, por qué no fue dado de alta en la Seguridad Social. “Lo ignoro. Nunca me he planteado poner denuncia alguna contra la Federación hasta que han sucedido los gravísimos hechos que acabo de comentar (acoso y persecución de mi persona)”.

 

Nulidad del despido e indemnización

 

Por todo ello, el ex-gerente de la FAP solicita a la administración de justicia que declare nulo su despido y, asimismo, reclama a los demandados una indemnización económica de 40.000 euros “por un gravísimo menoscabo de su dignidad, una vulneración de su derecho al trabajo, a la ocupación efectiva y a los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen y a la integridad física y moral”.

 

Esta web, pese a incluir en la noticia los argumentos esgrimidos por la FAP en la carta de despido de Juan Pedro, ha tratado, además, de recabar la opinión de la presidenta María del Mar García-Lorca, y del secretario general, Federico Navarro. La máxima responsable no ha atendido las peticiones de Padelazo.com. Sí lo ha hecho el responsable de la Secretaría General de la Federación Andaluza de Padel aunque ha declinado entrar en detalles. “Lo único que puedo decir es que se ha prescindido de una persona que ha cometido irregularidades”, ha manifestado Kiko Navarro y ha rechazado realizar una valoración más profunda porque hay un proceso judicial en marcha.

 

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