La Federación Española de Pádel continúa envuelta en una incesante espiral de polémica a la que, a estas alturas, parece que solo el paso por las urnas podrá poner fin.
El último episodio de esta guerra que se vive en la FEP tiene como escenario la gestión económica que su presidente Alfredo Garbisu está llevando a cabo en el organismo. Y relata la demanda que han presentado 8 federaciones territoriales, las que impulsaron la moción de censura, por la reclamación que han recibido del pago de las licencias federativas y la amenaza de que, en caso de no producirse, los menores inscritos en el próximo torneo TYC, no podrán participar.
Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Te lo explico a continuación.
Demanda contra Garbisu por las licencias territoriales
Han sido las federaciones de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Asturias, Castilla La Mancha, Cantabria, Galicia y Ceuta, las que promovieron la moción de censura que esquivó Garbisu el pasado mes de diciembre, las que han acudido a los juzgados de Primera Instancia de Madrid para impugnar un acuerdo adoptado en la Asamblea General de la FEP en marzo relacionado con el pago de determinados conceptos federativos que deben abonar las territoriales.
Consideran que dicho acuerdo «incurre en fraude de ley» y solicitan la adopción de medidas cautelares que impidan a la FEP ejecutarlo.
El detonante: la amenaza de la FEP
El desencadenante de este nuevo encontronazo es la misiva que el presidente de la FEP, Alfredo Garbisu, remitió el pasado 20 de mayo a estas federaciones en la que les instaba a abonar “la cuota de Afiliación o Integración” de cada uno de estos entes en la propia FEP.
La base de dicha reclamación, según el escrito que firmó el propio Garbisu, se sitúa en un acuerdo de la Asamblea General del 23 de marzo que aprobaba dicha cuota; acuerdo que, según el dirigente, “es ejecutivo desde el momento de su adopción por la Asamblea General”.
Garbisu les concedió un plazo de 48 horas (que concluyó a las 15h de hoy miércoles 22 de mayo) para hacer efectivo el abono de las cantidades reclamadas y les advierte de que ello es requisito para “poder validad y dar conformidad a las inscripciones de sus licencias autonómicas en el TYC3” que tendrá lugar este próximo fin de semana.
Garbisu busca aire
Acorralado por la falta de apoyos (tras la dimisiones en su directiva, primero, del presidente madrileño, José Luis Amorotu; y de Pepe Pérez, presidente andaluz, después), Alfredo Garbisu trata de buscar oxígeno económico que le permita sortear el bloqueo al que está sometido desde su confrontación con las territoriales díscolas.
Lo hace recurriendo a una fórmula similar a la que ya ha empleado en otras ocasiones. Por ejemplo, a escasos días de las fases autonómicas del Campeonato de España de Veteranos de 3ª categoría en octubre de 2018 o en febrero de este mismo año.
En ambos precedentes, a través de un escrito firmado por el secretario general de la FEP, Ramón Morcillo, amenazó a las territoriales con no habilitar sus licencias para participar en las competiciones estatales y trató de confrontarlas con sus jugadores y jugadoras federadas, posibles perjudicadas del conflicto.
Ahora, trata de repetir estrategia aunque con diferencias reveladoras del cambio de escenario que se ha producido respecto a meses anteriores: Morcillo ya no le firma el escrito sino que es el propio Garbisu quien lo hace; y sus destinatarios no aceptan más advertencias y acuden al juzgado.
La posición de debilidad del presidente es un hecho manifiesto.
Acusación de fraude de ley
Las federaciones demandantes se han rebelado contra la reclamación de Garbisu y han acudido directamente al juzgado. En la demanda presentada, a la que ha tenido acceso Padelazo.com, consideran el acuerdo de la Asamblea General del 23 de marzo (en él se basa la petición de la FEP) “un fraude de ley” por lo siguiente:
Sin mayoría cualificada
Los presidentes de estas territoriales denuncian que el citado acuerdo asambleario no contó con el respaldo necesario para salir adelante. Obtuvo una mayoría simple cuando, según su impugnación, debería ser una mayoría cualificada de dos tercios de la asamblea.
Sin información
Los demandantes también ponen en conocimiento de la autoridad judicial que no recibieron información alguna previa a la celebración de la Asamblea, con lo que no pudieron preparar el tema ni conocer en profundidad la propuesta y sus consecuencias.
Tampoco han recibido el borrador de las actas de la asamblea a pesar de que lo han solicitado en reiteradas ocasiones.
Argucia lingüística
Descubren los denunciantes un intento por parte de Garbisu de esquivar la necesidad de obtener ese respaldo cualificado de dos tercios mediante una argucia lingüística (y no es la primera vez que recurre a ello).
En concreto, al separar dos conceptos que, hasta el momento, se habían abordado de manera conjunta en el seno de la FEP y que giraban en torno a las cantidades que las territoriales deben abonar a la Española en compensación por los ingresos que dejó de percibir cuando expedía las licencias federativas en solitario.
De esta forma, el presidente sometió a la asamblea de marzo la aprobación de las cuotas de licencias, por un lado, y de manera sorpresiva, la aprobación, por otro, de un concepto diferente llamado “cuotas federativas propuestas por la Junta Directiva de la FEP para el 2019”.
Con ello, pretendía Garbisu encontrar un balón de oxígeno que aliviara la paupérrima situación económica que sufre la FEP y desvinculó esta ‘nueva cuota’ del reparto de licencias federativas, que sí requiere de esa mayoría de dos tercios.
De hecho, las cuotas de licencias sometidas a la asamblea eran de apenas 0’10€ por licencia y no lograron el respaldo necesario de 2/3 para salir adelante. En cambio, esta ‘cuota de afiliación o integración, la innovación de Garbisu, cifrada en un 3’75€ por licencia, fue aprobada porque bastaba una mayoría simple.
Para las federaciones díscolas, “el acuerdo adoptado encierra un claro fraude de ley ya que, bastaría llamar a algo por otro nombre (…) para dejar sin efecto la mayoría reforzada de 2/3).
Por todo ello, solicitan la adopción de medidas cautelares que suspendan la vigencia de dicho acuerdo y reclaman su anulación definitiva.
De todo ello, además, han informado a través de un comunicado público difundido en sus propios canales online.
Posible desintegración de las federaciones implicadas
Cuatro días después de aquella Asamblea General del 23 de marzo, la FEP ya reclamaba el importe de ese nuevo concepto a algunas territoriales (3’75€ por licencia) y les exigía, como forma de pago, una “transferencia inmediata en cuenta”.
Les concedía, para ello, un plazo de dos días “bajo amenaza de procederse en caso contrario a la desintegración de la federación autonómica” respecto de la FEP, según la demanda presentada.
Ello implicaría, además de la pérdida de derechos y beneficios por ser entidades de utilidad pública; que los jugadores/as y clubes no pudieran participar en competiciones oficiales de ámbito estatal.
Por ello, solicitan las autonómicas afectadas en su escrito al juzgado el mantenimiento de su situación jurídica como entidades integradas en la FEP hasta que no haya una resolución firme que resuelva este asunto.
Respuesta de la FEP
A todo lo anterior, la única respuesta oficial de la Federación Española de Pádel ha sido la publicación en su web (y la difusión a través de redes sociales), de la carta que envió a las federaciones en las que reclamaba el pago.
